La postal del miércoles fue contundente: calles con poca circulación, locales vacíos y comerciantes intentando sostener sus puertas abiertas pese a la falta de clientes. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan estimaron que el movimiento comercial y las ventas llegaron a caer alrededor de un 70%, especialmente por la ausencia de consumidores provenientes de departamentos alejados.
El dato adquiere todavía mayor gravedad porque la medida se produjo en la previa del Día de la Madre, una de las fechas de mayor expectativa para el comercio minorista. Para muchos pequeños y medianos comerciantes, una jornada perdida no es simplemente una venta que se posterga: es dinero que difícilmente vuelve a recuperarse.
Los trabajadores también quedaron atrapados
La falta de transporte complicó además el traslado de los empleados. Trabajadores de departamentos como Caucete, Albardón y otras zonas alejadas tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus puestos, recurriendo a familiares, vehículos particulares, taxis, remises u otros medios.
Desde el sector comercial destacaron que muchos empresarios decidieron no perjudicar a sus empleados por las demoras, entendiendo que la ausencia o llegada tarde fue consecuencia de una medida imprevista y ajena a los trabajadores.
Pero detrás de esa solidaridad aparece otro problema: los altos costos de movilidad también recaen sobre los trabajadores, especialmente aquellos que cobran por día, por productividad o por comisión. En esos casos, no poder llegar al trabajo o hacerlo con una jornada recortada puede significar directamente una pérdida de ingresos.
El conflicto, por lo tanto, termina generando un efecto dominó: el consumidor no llega al comercio, el comercio no vende, el empleado tiene dificultades para trasladarse y toda la cadena económica pierde.
Marcelo Quiroga: “Es una extorsión, con tintes políticos”
El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, fue particularmente duro al analizar la medida. El dirigente calificó el paro como “una extorsión, con tintes políticos” y planteó que este tipo de conflictos podrían repetirse a medida que se acerque el escenario electoral de 2027.
Según su mirada, la posibilidad de nuevas medidas de fuerza por parte de distintos sectores gremiales genera un escenario de incertidumbre que termina afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
“Mientras más cerca estemos del 2027 esto se repetirá en diferentes gremios”, sostuvo Quiroga, al advertir sobre lo que considera una posible utilización política de los conflictos sindicales.
Más allá de la interpretación política —que corresponde analizar y debatir—, el efecto económico de la medida ya quedó expuesto: una caída abrupta del movimiento comercial que, según las estimaciones del sector, alcanzó el 70%.
Ventas perdidas y compromisos que siguen
Uno de los mayores problemas para el comercio es que la caída de ventas no implica una reducción proporcional de los gastos.
El alquiler sigue venciendo. Las tarifas siguen llegando. Los salarios deben pagarse. Los impuestos mantienen sus vencimientos. Los proveedores esperan cobrar.
En ese contexto, una jornada de actividad prácticamente paralizada puede profundizar los problemas de liquidez de negocios que ya trabajan con márgenes reducidos.
Quiroga advirtió precisamente sobre este escenario y señaló que la situación provoca una “caída abrupta de ventas, más del 70% en muchos casos”, además de ventas que pueden resultar irrecuperables.
El impacto también puede trasladarse a la cadena de pagos. Si un comercio vende menos, dispone de menos dinero para cumplir con proveedores, alquileres y otros compromisos. Y cuando ese fenómeno se repite en numerosos negocios al mismo tiempo, el problema deja de ser individual para transformarse en una dificultad económica de alcance provincial.
El problema de fondo: la previsibilidad
La discusión sobre el derecho a reclamar de los trabajadores no debería ocultar otro debate necesario: qué ocurre cuando una medida de fuerza en un servicio esencial paraliza indirectamente a toda una ciudad.
El reclamo salarial puede ser legítimo y el derecho a huelga forma parte de las garantías laborales. Pero también resulta razonable preguntarse cuánto puede soportar una economía local cuando una interrupción sorpresiva del transporte deja sin movilidad a trabajadores y consumidores.
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan informó que analiza la medida y señaló que, al tratarse de un servicio considerado esencial, existen obligaciones vinculadas a la prestación mínima y a la comunicación previa de la medida.
El desafío para las autoridades, entonces, es evitar que un conflicto entre trabajadores, empresas y Estado termine convirtiéndose en un problema para toda la sociedad.
Porque cuando los colectivos no circulan, el impacto no queda arriba de un colectivo detenido. Se traslada al empleado que no puede llegar, al comerciante que no vende, al proveedor que no cobra y a una economía que necesita precisamente lo contrario: movimiento, consumo y previsibilidad.
El paro de colectivos dejó una enseñanza incómoda para San Juan: en una economía frágil, una sola jornada de paralización puede tener un costo mucho mayor que el que muestran las calles vacías. Y ese costo, en definitiva, termina siendo repartido entre todos.
