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Después de varias rondas de tires y aflojes en la negociación del texto de la Ley Bases, el oficialismo llegó este lunes al inicio de la sesión especial con la certeza de que tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el 3 del capítulo de Reforma del Estado.
También pende de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias, reforma que está enmarcada en la Ley de Medidas Fiscales, que se debate de forma conjunta con la ley ómnibus.
Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado, cuando, producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.
¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable, ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como «la inestabilidad emocional» del presidente.
Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero, aniquilando la discusión por segunda vez.
«Hagan lo que quieran con la Ley Bases. Vamos a lograr todo a pesar a la política», dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.
El oficialismo en el recinto logró su primera victoria al lograr que la votación sea por capítulos y no de forma nominal, como pretendía el Gobierno nacional, y con la oposición del kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo.
Con la Ley Bases, de aprobarse, el Gobierno tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones (RIGI), aunque para unos pocos: sólo aquéllos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.
Además, incluyó una módica reforma laboral, que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT, pero que incorpora las demandas de las pymes para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco.
