Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional expresó su rechazo a las protestas estudiantiles que incluyeron la ocupación de universidades en diferentes puntos del país. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que «tomar una universidad es un delito» y que cualquier ocupación de edificios es ilegal.
Adorni destacó el apoyo del Gobierno hacia «la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes» que buscan que las instituciones educativas funcionen con normalidad, e indicó que el Presupuesto 2025 es el espacio adecuado para discutir los fondos destinados a las universidades.
Asimismo, subrayó que la Justicia será la encargada de definir si procede el desalojo de las universidades ocupadas. Adorni también criticó a la «vieja política» por intentar generar caos con estas protestas, y dirigió sus comentarios hacia los gremios docentes y no docentes, quienes rechazan los aumentos salariales propuestos y exigen mejoras.
El vocero anunció que, pese a la negativa de los gremios, el Gobierno otorgará un aumento del 6,8% al personal docente y no docente en octubre. Añadió que algunos sectores prefirieron rechazar este incremento y habilitar las protestas, en lugar de aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación.
Finalmente, Adorni denunció la falta de auditoría en las universidades, señalando que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no han sido rendidos, lo que, según él, genera desconfianza en el manejo de los recursos.
