En un fallo sin precedentes, la jueza de primera instancia en lo Penal y Juvenil de Salta, Tatiana Dip, resolvió declarar la inconstitucionalidad de una norma que excluía a adolescentes procesados del uso de tobilleras electrónicas, un dispositivo hasta ahora reservado solo para adultos.
La decisión, que responde a un planteo conjunto del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Pupilar, habilita la colocación de estos dispositivos de monitoreo electrónico a menores en conflicto con la ley penal, marcando un hito en la Justicia juvenil.
La presentación judicial, impulsada por fiscales de la provincia, buscaba garantizar que los adolescentes bajo arresto domiciliario, especialmente en casos de violencia sexual intrafamiliar, cumplan con las restricciones impuestas sin salir de sus hogares.
La jueza Dip explicó a Cadena 3 que esta resolución «sienta un precedente clave» al priorizar medidas alternativas a la detención en centros especializados, promoviendo la resocialización y evitando la estigmatización de los jóvenes.
«El objetivo del régimen penal juvenil es resocializar. Medidas como estas permiten que los adolescentes, mayores de 16 años, continúen su educación y eviten el impacto negativo de la privación de libertad en su desarrollo», señaló Dip a la emisora.
La magistrada destacó que el uso de tobilleras electrónicas fomenta la reinserción social al mantener a los jóvenes en entornos controlados sin interrumpir su derecho a la educación.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Salta será el encargado de realizar un relevamiento para garantizar la disponibilidad de tobilleras electrónicas.
Además, se evaluarán otras alternativas a la detención preventiva, en línea con la legislación nacional, para ofrecer soluciones que equilibren el control judicial con el bienestar de los adolescentes.
Esta resolución no solo amplía el acceso a herramientas de monitoreo, sino que refuerza el rol de la Justicia salteña con un enfoque más humano y educativo en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley.
