Fiscalía de Estado de San Juan informó que se ha dispuesto dar inicio a demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables por si, o por personas a su cargo bajo responsabilidad parental, en paralelo al seguimiento de las acciones penales correspondientes.
Estas conductas, a través de las cuales el Estado provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes.
Además, en los casos penales en donde se ha identificado la participación de personas menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social, según corresponda y de acuerdo a lo que determine el abordaje de los gabinetes técnicos de la propia Dirección, o bien, según lo crea conveniente, mediante el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de San Juan, con el objetivo de promover el análisis, la reflexión, y la prevención de futuras conductas de riesgo.
Desde Fiscalía reafirmaron el «compromiso con la seguridad de la ciudadanía, la protección integral de los espacios públicos, y el fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto y la responsabilidad que contribuya a la paz social de la provincia».
