El Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país durante el paro docente convocado para este lunes 3 de agosto, con el objetivo de verificar si se cumple el piso mínimo de prestación del servicio educativo previsto por la Ley 27.802.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que los monitoreos estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de detectar incumplimientos, la cartera adelantó que activará los mecanismos previstos para aplicar sanciones a las entidades gremiales.
«En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan», indicó el ministerio a través de un comunicado oficial.
La decisión se da en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, mejoras salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otros planteos.
Además del reclamo salarial, el gremio exige una nueva ley de financiamiento educativo y cuestiona una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de «Ley de Libertad Educativa». También reclama mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos.
El servicio mínimo y la polémica judicial
El Gobierno fundamentó los controles en el artículo 101 de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y establece que, durante las medidas de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.
Sin embargo, la aplicación de esa norma se encuentra en discusión judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de manera provisoria la declaración de esencialidad mientras se analiza una demanda presentada contra la legislación.
Pese a esa resolución, el Ejecutivo sostiene que, tras la apelación presentada, el criterio que limita el ejercicio del derecho de huelga continúa vigente hasta que exista una definición judicial de fondo.
