Desde el Bloque PRO, UCR, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires, en la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un marco jurídico integral en materia de discapacidad que permita superar definitivamente la lógica de la emergencia y garantizar, con hechos y no con discursos, los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que las acompañan todos los días.
Durante años, la discapacidad fue usada como bandera por quienes prometieron derechos sin financiamiento, anunciaron políticas que nunca llegaron y dejaron un sistema con aranceles atrasados, prestadores endeudados y familias esperando.
A eso se sumó una inflación descontrolada, que en 2023 superó el 200% y licuó mes a mes los aranceles, las pensiones y los ingresos de quienes más necesitaban del Estado. Hoy, quienes dejaron ese sistema en ruinas hablan como si no hubieran tenido nada que ver y no se hacen cargo.
Ese modelo del parche permanente, la emisión sin respaldo y la foto fácil es el que hoy tenemos que dejar atrás.
La Ley de Emergencia no resolvió el problema: fue un parche más sobre un sistema lleno de parches. Y un sistema del que dependen miles de personas no puede seguir funcionando de emergencia en emergencia, de parche en parche. Cada prórroga renueva la incertidumbre: las familias no saben si las prestaciones van a continuar, los prestadores no pueden planificar y se posterga una vez más la solución de fondo. Prorrogar es cómodo para la tribuna; ordenar el sistema es lo responsable.
Por eso venimos trabajando, junto a otros bloques, en una ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad, que deja atrás esta lógica y convierta en política de Estado las herramientas que hoy sostienen el sistema. Nuestras prioridades son:
- Pago de las compensaciones a prestadores: un cronograma cierto, público y con plazos realistas, dejando claro que el fin de la emergencia no afecta el derecho de quienes cumplieron los requisitos.
- Aranceles y nomenclador: sostener el arancel uniforme, con actualización automática y mensual por IPC, para que nunca más los valores queden congelados mientras la inflación los licúa.
- Pensiones: garantizar la pensión para quienes tengan CUD y lo necesiten. Mantener la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal mientras los ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos.
- Incentivos para contratar personas con discapacidad: ratificar el beneficio para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado.
- Control y transparencia: fortalecer las auditorías con debido proceso, para que cada peso llegue a quien realmente lo necesita y no se preste a un uso político.
- Presupuesto, federalismo y transparencia: partidas suficientes cada año, articulación permanente con el COFEDIS e información pública y abierta sobre presupuesto, aranceles y pensiones.
Nuestro objetivo es claro: pasar del relato a la gestión y de la urgencia a la sostenibilidad. Un sistema previsible, transparente y financiado, que proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, hoy y en el futuro.
