La investigación judicial por las presuntas irregularidades vinculadas al Acueducto Gran Tulum tendrá una instancia clave el próximo 14 de octubre, cuando se realice la audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero.
La Oficina Judicial Penal fijó la audiencia para ese día a las 11 y la convocatoria alcanza a las 11 personas que ya habían sido notificadas sobre la existencia de la investigación.
En diálogo con Nexo Media, el abogado Marcelo Arancibia, quien presentó la denuncia que dio origen al expediente en diciembre de 2025, analizó el escenario judicial y explicó qué puede ocurrir a partir de la audiencia.
Qué implica la audiencia del 14 de octubre
Arancibia explicó que la audiencia permitirá a la Fiscalía exponer ante la jueza cuáles son los hechos que están siendo investigados, qué medidas de prueba deben producirse y cuál es la situación de las personas que fueron notificadas.
Según su explicación, esta instancia busca garantizar el derecho de defensa y el debido proceso antes de avanzar hacia eventuales imputaciones.
La causa se encuentra todavía en etapa de investigación y la audiencia no implica por sí misma una declaración de culpabilidad de las personas notificadas.
De acuerdo con la información difundida por la Justicia y medios locales, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán exponer el alcance de la investigación y los elementos reunidos hasta el momento.
Las 11 personas notificadas
Entre las personas alcanzadas por la convocatoria se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, además de otros exfuncionarios y un representante de la empresa vinculada a la provisión de las cañerías.
La lista difundida públicamente incluye también a Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.
Arancibia explicó que el número de personas alcanzadas por la investigación podría eventualmente modificarse y que será la Fiscalía la que determine, al momento de avanzar procesalmente, qué participación atribuye a cada una.
El origen de la investigación
La denuncia de Arancibia fue presentada el 9 de diciembre de 2025 ante el Ministerio Público Fiscal. El planteo buscó que se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con la licitación, adjudicación y ejecución del Acueducto Gran Tulum.
Entre los aspectos mencionados públicamente en torno al expediente aparecen la contratación y provisión de las cañerías, los valores abonados y cuestionamientos relacionados con la calidad de los materiales utilizados en la obra. En septiembre también se realizaron allanamientos vinculados a una de las empresas relacionadas con la provisión de los caños.
Según información difundida previamente, la investigación cuenta con una prórroga cuyo vencimiento está previsto para los primeros días de noviembre, plazo que aparece como relevante para las próximas definiciones procesales.
El debate sobre los fueros
Durante la entrevista, Arancibia también se refirió a la situación de quienes actualmente ocupan cargos legislativos y están alcanzados por la investigación.
El abogado sostuvo que los fueros parlamentarios no impiden que una investigación penal avance. La situación concreta de cada persona y la modalidad de participación en la audiencia deberá resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.
La información publicada sobre la audiencia indica que entre los convocados se encuentran Uñac y Andino, ambos con fueros, y que esa condición no impide la continuidad de la investigación ni su participación en la instancia judicial.
Arancibia y su mirada sobre la Justicia
Otro de los ejes de la entrevista fue el funcionamiento de la Justicia y la necesidad de que el expediente avance sobre la base de pruebas y criterios jurídicos.
Arancibia planteó que el proceso debe desarrollarse con independencia de las disputas políticas y electorales y sostuvo que el resultado final debería ser creíble tanto si deriva en una condena como si concluye con una absolución.
Sus declaraciones forman parte de su posición como denunciante y abogado vinculado al expediente. La determinación sobre la existencia de delitos, responsabilidades y participación de las personas investigadas corresponde a la Justicia.
La audiencia del 14 de octubre permitirá conocer con mayor precisión cuál es la hipótesis de la Fiscalía y cuáles son los elementos que considera reunidos en la investigación.
