La jefa de Estado de Perú, Keiko Fujimori, presentó un paquete normativo con nuevas pautas de conducta para los colegios estatales del país. El reglamento busca frenar los hechos de violencia escolar, el acoso y restablecer el orden en las aulas. Las medidas oficiales contemplan sanciones severas y límites al uso de dispositivos electrónicos.
Durante la presentación oficial, la mandataria enfatizó la urgencia de recuperar la convivencia pacífica en el ámbito escolar. La iniciativa estará abierta a la recepción de aportes de la sociedad civil antes de su entrada en vigencia formal. El Ejecutivo busca generar un debate sobre las herramientas necesarias para frenar las agresiones.
La nueva reglamentación estipula un sistema de sanciones escalonadas para faltas menores, pero establece el retorno directo de las expulsiones ante episodios graves. Fujimori remarcó que las denuncias por acoso escolar y violencia de género serán derivadas de forma inmediata al Ministerio Público y a las fuerzas policiales.
Faltas
El documento clasifica las conductas en faltas leves, graves y muy graves.
Las primeras comprenden las distracciones en clase. Entre las segundas figuran los daños a la propiedad escolar, el uso indebido de celulares, las agresiones leves y las tardanzas injustificadas reiteradas.
En el nivel más grave se incluye el bullying, la violencia sexual, la extorsión, el porte de armas y el robo, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad o vulneran los derechos de los estudiantes.
Cuando los hechos constituyan una presunta infracción penal, deberán comunicarse a la Policía Nacional o a la Fiscalía, según corresponda.
Asimismo, las faltas graves y muy graves tendrán que registrarse y reportarse al director en un plazo máximo de 24 horas.
Amonestaciones
Ante las faltas leves, los docentes podrán aplicar medidas correctivas formativas, como amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño, restricciones temporales y separación del aula.
Los directores, por su parte, podrán imponer suspensiones de hasta tres días hábiles, con un máximo de cuatro al año, así como matrícula condicional.
La separación definitiva o expulsión se contempla para los estudiantes que acumulen tres suspensiones durante el año escolar o cometan una falta muy grave que lo amerite.
Chang precisó que quienes sean separados no perderán el acceso a la educación. Explicó que continuarán sus estudios mediante una modalidad híbrida coordinada por la UGEL, con clases virtuales, acompañamiento psicológico presencial y apoyo a sus familias.
“El agresor debe retirarse de la escuela, no el agredido”, remarcó el ministro.
La propuesta también contempla que, ante hechos que constituyan delito, se comunique el caso a las autoridades competentes para que se adopten las medidas correspondientes, incluido el eventual ingreso del menor a un centro juvenil.
Fujimori defendió la aplicación de sanciones graduales y sostuvo que la violencia entre estudiantes y las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa exigen una respuesta firme.
“Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría que viene a aprender y a formarse. Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones”, enfatizó.
La mandataria añadió que los docentes podrán “corregir, guiar y ayudar” a los alumnos y que se restablecerá la nota de conducta.
Restricciones
Los lineamientos también plantean reglas sobre presentación personal y uso de tecnología.
En los colegios públicos se propone prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido o excesivamente largo. Además, se establecerían medidas para el largo de las faldas escolares.
En las instituciones privadas, estas podrán definirse según su autonomía.
El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases también quedaría prohibido, salvo autorización expresa del docente.
Fujimori sostuvo que la higiene y la presentación personal forman parte de las reglas que deben respetarse en las escuelas.
“La violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa y las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable”, resaltó.
Opinión
Al respecto, la exministra de Educación Marilú Martens dijo a Correo que es fundamental “fortalecer la autoridad de docentes y directores”, y garantizar escuelas seguras.
Sostuvo que la nota de conducta debe tener “un propósito formativo, no solo sancionador”, y que las expulsiones requieren proporcionalidad y debido proceso.
Agregó que algunos padres desautorizan a los profesores y debilitan su autoridad.
“La disciplina no se construye solo con sanciones, sino también con el ejemplo, la coherencia y la responsabilidad compartida”, destacó.
Asimismo, el exministro de Educación Idel Vexler estuvo de acuerdo en que la sanción máxima debe ser la “separación definitiva del colegio”, aunque no del sistema educativo.
Sugirió que la evaluación de conducta sea “cualitativa, igual que las otras áreas del currículum”.
