La Cámara de Diputados de San Juan tomó una decisión que puede marcar un antes y un después para el desarrollo de la provincia: aprobó, por 27 votos a favor y 9 en contra, el acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña Argentina que contempla un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para infraestructura.
La pregunta que queda después de la sesión no es solamente quién ganó o quién perdió una votación política. La pregunta es mucho más profunda: ¿qué posición asumió cada diputado frente a la posibilidad de que San Juan reciba 250 millones de dólares para obras?
El acuerdo establece que se trata de un aporte único, no reembolsable y no compensable, destinado a financiar infraestructura estratégica. Entre las obras previstas aparecen rutas y mantenimiento vial, infraestructura hídrica y otras obras necesarias para acompañar el crecimiento de la provincia.
Es decir, no estamos hablando simplemente de una discusión partidaria. Estamos hablando de recursos que pueden transformarse en caminos, infraestructura hídrica, mejoras y servicios para los sanjuaninos.
Y, sin embargo, hubo nueve diputados que votaron en contra.
Los votos negativos correspondieron a Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Marisa López, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós y Emilio Escudero, del Bloque Justicialista; Graciela Seva y Mario Herrero, de San Juan Vuelve; y Marta Gramajo, del bloque Crecer.
Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida públicamente.
Durante años, el peronismo sanjuanino hizo de la obra pública una de sus principales banderas políticas. Caminos, hospitales, infraestructura, desarrollo productivo y presencia del Estado fueron históricamente parte de su discurso. Pero ahora, frente a un acuerdo que habilita un aporte de 250 millones de dólares para infraestructura provincial, una parte importante de ese espacio decidió votar en contra.
¿Puede explicarse una posición semejante únicamente desde la diferencia política con el Gobierno de turno?
Por supuesto que la oposición tiene derecho a cuestionar un acuerdo, pedir explicaciones y señalar aquello que considera inconveniente. De hecho, durante el debate los sectores opositores plantearon objeciones vinculadas con aspectos ambientales, jurídicos y con el alcance del convenio.
Pero también corresponde preguntar: ¿cuál era la alternativa concreta?
Porque una cosa es discutir las condiciones de un acuerdo y otra muy distinta es rechazar una herramienta que puede poner cientos de millones de dólares al servicio de obras que San Juan necesita.
Eso demuestra que el debate no era necesariamente una cuestión de pertenencia partidaria. Era, sobre todo, una cuestión de criterio.
San Juan necesita infraestructura. Necesita mejores rutas, obras hídricas, servicios y condiciones para que la inversión genere empleo y oportunidades. Y necesita que sus dirigentes, más allá de sus banderas políticas, sean capaces de poner el interés de la provincia por encima de la pelea partidaria.
Por eso, la discusión que deja esta votación debería ser mucho más amplia que un simple “oficialismo contra oposición”.
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se votó en contra. Tiene derecho a conocer los argumentos, las objeciones y las alternativas que proponían quienes rechazaron el acuerdo.
Porque cuando están en juego 250 millones de dólares destinados a infraestructura, no alcanza con levantar la mano y decir que no.
Hay que explicarles a los sanjuaninos por qué no.
Y, sobre todo, hay que asumir la responsabilidad política de cada voto.
Por Reynaldo Ortiz
La historia dirá si estos 250 millones de dólares se transforman en las obras que San Juan necesita. Pero desde hoy queda registrado algo que también merece ser recordado: 27 diputados votaron a favor y 9 en contra de este acuerdo.
La pregunta, entonces, queda abierta para la sociedad sanjuanina:
¿Fue un voto contra un gobierno o fue un voto contra una oportunidad para San Juan?
La respuesta, como siempre, estará en las obras que se hagan y en las explicaciones que cada dirigente le dé a la gente.
