Francia, atraviesa situaciones que invitan a una profunda reflexión. Las manifestaciones, los enfrentamientos, los saqueos, los destrozos y los ataques contra bienes públicos y privados plantean una pregunta que va más allá de cualquier reclamo: ¿en qué momento la protesta deja de ser una expresión de derechos y se convierte en una agresión contra la propia sociedad?
Es indudable que existen reclamos legítimos. El costo de vida, la falta de oportunidades, las dificultades económicas y el malestar social son problemas que merecen ser escuchados y atendidos. Toda persona tiene derecho a expresar su disconformidad y a exigir respuestas. Sin embargo, una cosa es reclamar justicia y otra muy distinta es utilizar ese reclamo como excusa para robar, destruir o sembrar el miedo.
Cuando aparecen los saqueos, los incendios y los actos de vandalismo, quienes terminan pagando las consecuencias muchas veces son los trabajadores, los pequeños comerciantes y las familias que se esfuerzan cada día para salir adelante. Detrás de cada persiana destrozada hay alguien que invirtió sus ahorros, detrás de cada vehículo incendiado hay una persona que tendrá que volver a empezar y detrás de cada barrio afectado hay ciudadanos que simplemente quieren vivir tranquilos.
El problema aparece cuando quienes tienen motivos reales para protestar quedan mezclados con quienes aprovechan las concentraciones para cometer delitos. Algo que en Argentina se convirtió en moneda corriente y tenemos ejemplos de sobra.
No todos los manifestantes son violentos, ni todo reclamo es injustificado. Pero tampoco se puede aceptar que algunos utilicen el descontento colectivo para esconder sus propias intenciones. Reclamar derechos implica también reconocer los derechos ajenos.
Una sociedad necesita libertad, pero también responsabilidad; necesita justicia, pero también respeto; necesita autoridades capaces de escuchar, pero ciudadanos dispuestos a comprender que la convivencia exige límites. Sin esos principios, cualquier reclamo corre el riesgo de perder su sentido y convertirse en una espiral de enfrentamientos donde nadie gana y todos terminan perdiendo.
¿De qué sirve reclamar un mundo más justo si, en el camino, se destruye el esfuerzo de quien trabaja honestamente? ¿Qué sentido tiene defender la libertad si no somos capaces de respetar al que piensa diferente? ¿Y qué futuro podemos construir si las nuevas generaciones crecen viendo cómo el robo, la violencia y el desprecio por lo ajeno se justifican detrás de cualquier consigna?
Una sociedad no se destruye solamente cuando arden sus edificios o se rompen sus monumentos. También comienza a deteriorarse cuando deja de distinguir entre los derechos y los abusos, entre la protesta y el delito, entre la indignación y la falta de respeto.
Francia, como cualquier otro país, tiene derecho a reclamar un futuro mejor. Pero ese futuro no se construye con piedras, saqueos ni destrucción. Se construye con educación, diálogo, justicia y responsabilidad.
Porque, al final, queda una reflexión que nos alcanza a todos: si para defender nuestros derechos estamos dispuestos a destruir los derechos de los demás, ¿estamos realmente construyendo una sociedad mejor o simplemente estamos cambiando el rostro de la injusticia?
