Andino y Chica en contra de la baja de imputabilidad mientras que Chiconi, Peluc, Picón y Jaime votaron a favor

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad. Los 6 legisladores por San Juan votaron fijando dos posiciones diferentes. Los 2 peronistas votaron en contra de bajar la edad para quienes delinquen.

Los dos diputados nacionales sanjuaninos que responden al Presidente Javier Milei, José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, votaron a favor de la baja.

Por su parte, los dos diputados nacionales que responden al Gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón y Carlos Jaime, de Producción y Trabajo, también votaron en favor de la baja de imputabilidad para los jovenes que cometen delitos.

Como era esperable, los diputados nacionales del peronismo, Cristian Andino y Jorge Chica, de Unión por la Patria, rechazaron el proyecto y votaron en contra de la baja, dando un tratamiento más laxo a la inseguridad.

Como si fuera poco, llamó la atención la actitud del Diputado peronista Jorge Chica, quien exhibió un cartel con el lema: «Cristina libre», pidiendo así que se vaya en contra de una senstencia firme que dictó el Poder Judicial de la Nación y se libere a la ladrona que gobernó junto a su marido durante casi 20 años saqueando al país.

Baja de imputabilidad

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicables a adolescentes.

Introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá dictarse en casos de delitos graves, con escalas penales de 10 años o más.

Para el resto de los delitos, el régimen prevé sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.

Además, el dictamen reafirma las garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.

El proyecto también establece estándares específicos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y programas de resocialización.

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