El gobernador riojano, Ricardo Quintela, apuntó contra los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que esos entendimientos, rubricados durante un gobierno de facto, deberían ser revisados por carecer —según su visión— de legitimidad democrática.
Las declaraciones se dieron en Buenos Aires y rápidamente repercutieron a nivel nacional. Allí, el mandatario no solo volvió a poner el foco en el proyecto minero Josemaría, sino que amplió el reclamo al incluir la zona de Ischigualasto, un sitio emblemático por su valor histórico, científico y turístico.
En ese marco, Quintela sostuvo que la discusión por los límites y la jurisdicción de las áreas en disputa debería ser abordada por el Senado de la Nación, lo que implicaría trasladar el conflicto a la órbita federal.
Este nuevo posicionamiento se da en paralelo a una reciente resolución judicial que impacta directamente en el desarrollo del proyecto minero. La medida fue dictada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, a partir de una presentación impulsada por la Fiscalía de Estado riojana.
El fallo establece la suspensión por 30 días de ciertas actividades vinculadas a Josemaría y, además, restringe el uso de un acceso logístico clave desde territorio riojano, utilizado habitualmente para el traslado de personal e insumos.
Desde La Rioja justificaron la decisión en posibles riesgos ambientales. Según indicaron, el planteo se originó ante la falta de respuestas de la empresa a requerimientos relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental y el uso de caminos provinciales. En ese contexto, la magistrada entendió que existía urgencia suficiente como para avanzar con una medida preventiva, sin dar intervención previa a la firma involucrada.
El conflicto, que ya venía generando cruces entre funcionarios de ambas provincias, suma así un componente político, judicial y ahora también simbólico, al incorporar a Ischigualasto dentro de la disputa.
