En un giro decisivo para la agenda del Ejecutivo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional. Esta decisión deja sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar que mantenía frenada una parte sustancial de la Ley 27.802.
Con los votos de la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, el tribunal corrigió el criterio de primera instancia. Al cambiar el efecto del recurso de «devolutivo» a «suspensivo», la reforma laboral impulsada por el Gobierno recupera plena vigencia mientras se sustancia la discusión de fondo en el tribunal colegiado.
El centro de la disputa: el artículo 13 de la Ley 26.854
La clave del fallo radica en la normativa que regula las cautelares contra el Estado. Los camaristas señalaron que, cuando una medida judicial suspende los efectos de una ley sancionada por el Congreso, la apelación debe ser concedida con efecto suspensivo para evitar la paralización de políticas públicas sin un análisis profundo.
«No se encuentran configuradas excepciones vinculadas a la tutela de derechos especialmente protegidos que justifiquen mantener la suspensión en esta etapa», sostuvieron los jueces en el fallo.
Lo que vuelve a estar vigente
La medida cautelar dictada originalmente por el juez Enrique Ojeda el pasado 30 de marzo había congelado 83 artículos a pedido de la CGT. Con este nuevo revés judicial para el gremialismo, vuelven a aplicarse puntos críticos que habían sido cuestionados:
Régimen de indemnizaciones: modificaciones en los cálculos y topes.
Condiciones de contratación: cambios en los periodos de prueba y modalidades.
Jornada laboral: nuevas disposiciones sobre la organización del tiempo de trabajo.
Representación sindical: alteraciones en el sistema de aportes y cuotas solidarias.
Estrategia judicial y próximos pasos
El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro y con la supervisión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, logró destrabar una normativa que considera vital para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. Por su parte, la CGT sostiene que se trata de un avance contra derechos adquiridos y una alteración del sistema de protección vigente.
Si bien la reforma vuelve a estar operativa, la batalla legal está lejos de terminar. Mientras la Cámara analiza el fondo de la cuestión, el Gobierno mantiene activo su pedido de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia para obtener una definición definitiva que de por terminada la incertidumbre jurídica.
